Hoy es el Día del Indio Americano en conmemoración del primer Congreso Indigenista Interamericano en 1940, que dio lugar a la creación del Instituto Indigenista Interamericano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es un organismo descentralizado del Estado creado en 1985, que actualmente depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Su directora, María Magdalena Odarda, comparte a continuación las tareas y objetivos del INAI y la necesidad de profundizar el proceso de reparación histórica de los pueblos indígenas, entre otras cuestiones.
Odarda nació en Córdoba, donde estudió abogacía, pero luego eligió la provincia de Río Negro para vivir. Allí empezó su carrera política y su militancia a favor de los derechos ambientales y de los indígenas. Fue concejala, diputada provincial y entre 2013 y 2019, senadora nacional. Desde su banca en la Cámara alta, Odarda presentó los proyectos de ley de protección de sitios sagrados, de propiedad comunitaria y de desclasificación de documentos indígenas. También fue autora de la ley que creó la primera Comisión de los Pueblos Indígenas en el Senado de la Nación, ya que hasta entonces no había ningún espacio en el Congreso argentino donde se debatieran leyes sobre asuntos indígenas.
-¿De qué se ocupa el INAI?
-Tiene como objetivo defender los derechos indígenas que están contemplados en la Constitución Nacional, en los convenios internacionales y en las leyes naciones y provinciales. Entre las leyes nacionales está la 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. También la ley de restitución de restos de integrantes de comunidades indígenas que aún existen en museos y colecciones privadas, que tienen que ser devueltos a sus comunidades; esta es una ley muy importante. Y las leyes que adhieren al convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que establece, entre otros, el derecho a la consulta previa, libre e informada de todas las comunidades y pueblos indígenas ante emprendimientos o acciones realizadas por privados o por el Estado, que puedan vulnerar los derechos indígenas.
Fuente; Ministerio de Cultura de la Nación
