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Alertan por el riesgo de corrupción en las compras públicas durante COVID -19

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Por Adrián Pino

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Esta semana el periodista Andrés Colman Gutiérrez publicó un interesante informe en el sitio en español de la Red Internacional de Periodistas (IJNet) exponiendo las consideraciones de varios expertos que alertan sobre los altos niveles de corrupción que pueden existir en tiempos de COVID-19. 

Los riesgos de la urgencia

Compras directas, fondos extraordinarios, gastos de urgencia y ausencia de mecanismos de control forman parte del nuevo escenario en el que se mueven los gobiernos en tiempos de pandemia. La urgencia parece justificar todo: pagar sobreprecios, comprar al proveedor más cercano, saltearse todos los procedimientos administrativos y disponer de fondos extraordinarios son parte de la nueva situación en la que gestionan los diferentes gobiernos.

Ante la situación, expertos en transparencia y combate a la corrupción lanzaron una serie de alertas para instalar el debate sobre los incentivos que promueve la situación actual para perpetrar hechos de corrupción. 

“Las crisis no son pretexto para hacer las cosas mal. La situación de pandemia y la liberación de fondos especiales de emergencia para enfrentar al COVID-19 no pueden justificar que se hagan gestiones sin la debida transparencia”, alertó el académico mexicano Paul Lagunes, de la Universidad de Columbia en Nueva York y coeditor del libro “La corrupción y el escándalo de Lava Jato en América Latina”.

El control del periodismo

En el marco del Foro de Cobertura de la crisis mundial, los expertos convocados por el International Center for Journalism remarcaron que “Los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer un mayor control de los gastos públicos durante la crisis de COVID-19, para evitar que se sigan cometiendo hechos de corrupción bajo el pretexto de la emergencia”. En esa línea coincide Directorio Legislativo de Argentina: “La falta de control sobre los gastos públicos en el contexto de la pandemia se ha visto agravada por la lenta reacción de los poderes legislativos de la mayoría de los países sobre las acciones de los gobiernos”, advierte Noel Alonso Murray, directora de la organización no gubernamental.

Argentina ya muestra un caso escandaloso como fue la compra de alimentos con sobreprecios por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o la frustrada compra de alcohol en gel de PAMI, que corroboran la discrecionalidad con que se manejan los gobiernos en nombre de la urgencia. En Bolivia, un escándalo en la compra de respiradores para unidades de terapia intensiva durante la pandemia causó la destitución y el encarcelamiento del ministro interino de Salud, Marcelo Navajas. En ambos casos, el rol de la prensa fue preponderante. “Fueron los medios los que empezaron a investigar. Y encontraron que los respiradores tenían un precio tres veces mayor de lo que se vendían en España”, relató Pablo Ortiz, periodista boliviano que ha seguido casos de corrupción en ese país. 

En el Paraguay, a pesar del buen manejo en el control de la pandemia, también saltaron varios casos de denuncias de hechos de corrupción con las compras de insumos y equipos médicos para la lucha contra el Covid-19. Así lo explicó David Riveros García, fundador y director ejecutivo de la organización anticorrupción reAcción Paraguay. “Los hechos de corrupción salieron a la luz gracias a investigaciones periodísticas y a denuncias de la ciudadanía”, remarca. Se trata sólo de algunos de los casos más resonantes, con una lista que podría completarse con cientos de otros casos similares. 

Las tres patas de la corrupción

Estas urgencias abren un “riesgo de la corrupción en tres áreas”, cuenta Paul Lagunes de la Universidad de Columbia: 

  • las compras o licitaciones públicas, 
  • el uso discrecional e irregular de fondos de emergencia y 
  • las acciones cuestionables que se intentan justificar por estar en tiempos de crisis.

Las tres acciones muestran situaciones recurrentes en nuestra zona. Los intendentes de la costa del río Uruguay gobiernan al calor de la emergencia. Los decretos regulan actividades con incumbencia en áreas propias del poder legislativo y autorizan compran con urgencia a precios que no están siendo debidamente controlados. 

En nombre de la emergencia, los Concejos Deliberantes han pasado a un segundo plano. En este marco de gastos extraordinarios, la ausencia de áreas de control como Oficinas Anticorrupción o Defensores del Pueblo se hacen notar con más fuerza.  

Como advierte Paul Lagunes, “Aunque las compras son difíciles en tiempos de emergencia, la prensa y la ciudadanía deben poner el ojo en el asunto, porque existe riesgo de corrupción”.

Fuente: El Entre Ríos

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