La década de 1930 quedó marcada en la historia argentina como la “Década Infame”, un período donde la quiebra de la Bolsa de Nueva York en 1929 y el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen en 1930 sepultaron la prosperidad económica. Mientras en Buenos Aires nacía la violenta “Villa Desocupación” y el gobierno de Agustín P. Justo firmaba el entreguista Pacto Roca-Runciman con Gran Bretaña, las alarmas del hambre y la miseria se encendieron con fuerza en el interior del país.
Entre Ríos, históricamente un territorio receptor de corrientes inmigratorias, dio un vuelco dramático: se convirtió en una provincia expulsora de sus propios hijos, quienes empezaron a migrar masivamente hacia las periferias de las grandes ciudades en busca de un sustento imposible.
“Invasión de desocupados” y represión policial en los frigoríficos
La falta de un tejido industrial sólido en la provincia —apenas sostenido por los grandes frigoríficos como Liebig en Colón o el de Santa Elena— hizo colapsar el mercado laboral. Las crónicas de los diarios de 1933 reflejan con crudeza la desesperación de los trabajadores rurales que vagaban por los pueblos:
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En Villaguay: El 13 de febrero de 1933, el diario El Pueblo alarmaba a la población con el título “Invasión de desocupados”, describiendo la llegada de 22 hombres a caballo, hambrientos y harapientos, que bajaban de los campos para exigir a los políticos locales el cumplimiento de sus promesas de campaña antes de verse obligados a delinquir para sobrevivir.
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En Colón: El diario El Censor de Gualeguaychú relataba el drama de cientos de obreros que viajaban a la Fábrica Liebig (Fábrica Colón) esperanzados con conseguir una vacante. Al no encontrar nada, se resistían a volver con las manos vacías ante la imagen de sus hijos sin pan, hasta que la policía intervenía para disolverlos por la fuerza.
La respuesta de los sectores acomodados y de la prensa conservadora no fue la piedad, sino la estigmatización y la violencia. El diario El Debate de Gualeguay llegó a exigir una represión abierta acusando a los manifestantes de ser “extranjeros de malos antecedentes, ladrones, jugadores, con dinero y comunistas”. Bajo esa misma lógica de sospecha, ese año las autoridades expulsaron por la fuerza a 300 desocupados que se refugiaban precariamente en los galpones de la Sociedad Rural de Paraná.
Los comités pro-desocupados y el nacimiento del clientelismo
Más por el miedo a los “desórdenes sociales” y las revueltas que por una genuina sensibilidad humana, el gobierno entrerriano replicó la estrategia nacional creando comisiones y comités de desocupados en los departamentos más críticos.
En 1933, se ordenó a los jefes de Policía de cada departamento liderar estas comisiones junto a los municipios y vecinos pudientes, intentando absorber la mano de obra ociosa mediante la creación de trabajos públicos locales. Sin embargo, estas herramientas de asistencia técnica pronto se convirtieron en botines de disputa política.
Como lo demuestra el historiador Rodolfo Matías Leyes, la estructura misma de estos comités —presididos por comisarios (un cargo político de la época), diputados y senadores— estaba diseñada para entablar un vínculo clientelar con el proletariado sumido en la miseria, utilizando la entrega de comida y la asignación de tareas como moneda de cambio electoral.
Escándalos, “vacas de oro” y la sospecha de la dádiva
Las sospechas de corrupción y las disputas por el manejo de los fondos de asistencia estaban a la orden del día. En junio de 1933, el Diario del Pueblo de Colón denunciaba con ironía las maniobras del jefe de policía local, quien tras meses de gestiones que insumieron costosos viáticos y combustible estatal, solo había logrado recolectar unas pocas vacas para repartir:
“Resultan de oro, si nos atenemos al gasto que se originó… El mismo funcionario designa, por su cuenta, una comisión de calificados vecinos, pero con exclusión de otros no menos calificados y conocedores del ambiente popular, lo que los habilita para una equitativa distribución de víveres a los que realmente necesitan y no a los ‘pulpos’ que en esta circunstancia forman legión”.
Por otro lado, periódicos como Los Principios de Concepción del Uruguay miraban con desconfianza estos planes de emergencia. Aunque los cuestionaban desde una mirada moralista por considerarlos una “dádiva corruptora” que adormecía la dignidad del trabajador, terminaban admitiendo su cruda necesidad económica: sin ese mínimo dinero volcado en los bolsillos obreros, el consumo se paralizaba por completo, arrastrando al fracaso al comercio, las industrias locales y los bancos de la región.
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