Un reciente informe de la organización Argentinos por la Educación, titulado “Celulares: ¿Prohibir o no prohibir?”, vuelve a encender las alarmas sobre el rol de la tecnología en el sistema escolar. En un contexto donde la digitalización comienza a edades cada vez más tempranas, Entre Ríos se ubica dentro del 55% de las provincias argentinas que aún carecen de un marco normativo vigente para regular el uso de teléfonos móviles dentro de las aulas.

A diferencia de vecinas como Santa Fe, Corrientes o la Provincia de Buenos Aires, que ya han implementado leyes o resoluciones específicas, la comunidad educativa entrerriana debe pilotear la presencia de estas pantallas sin directrices oficiales unificadas.

La realidad en las aulas entrerrianas

El informe, elaborado por Andrea Goldin (CONICET – UTDT), Martín Nistal y Tomás Besada, revela datos contundentes basados en el operativo Aprender:

• Tenencia temprana: A nivel nacional, en promedio, el 59% de los chicos de aproximadamente 8 años (3er grado de primaria) ya tiene celular propio.

• El escenario provincial: El relevamiento estadístico ubica a Entre Ríos ligeramente por debajo de la media nacional, con un porcentaje que ronda el 58% de estudiantes de 3er grado con dispositivo propio.

• Acceso casi total: Si a ese porcentaje se le suma el 23% de los alumnos que, aunque no tienen uno propio, usan el de sus padres o familiares, nos encontramos con que apenas una minoría no tiene acceso a las pantallas desde la infancia. En el nivel secundario, en tanto, la tenencia del celular es prácticamente universal en el país, alcanzando al 90% de los jóvenes.

El dilema global: ¿Sirve prohibir?

El estudio expone que el debate no es sencillo y que la evidencia internacional sobre restringir los teléfonos es mixta. Mientras que las prohibiciones son altamente efectivas para reducir las distracciones y mejorar el comportamiento general en la escuela, no necesariamente se traducen en una mejora automática de las calificaciones o aprendizajes.

Los especialistas señalan un “mecanismo de sustitución”: al quitar el celular, el estudiante puede simplemente redirigir su distracción hacia otra actividad no académica si no se acompaña de una propuesta pedagógica sólida.

A nivel global, la tendencia hacia la regulación es indetenible: el porcentaje de países con restricciones subió de menos del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026, según datos de la UNESCO. Los modelos varían desde la prohibición total (como en Francia) hasta el uso condicionado exclusivamente a fines pedagógicos (como en Brasil o Finlandia).

El mapa regulatorio argentino

En el plano nacional, once jurisdicciones (el 45%) han tomado la iniciativa con normativas que imponen restricciones estrictas en los niveles inicial y primario, y un uso guiado en secundaria:

• Santa Fe y CABA: Implementaron políticas de “aulas libres de celulares”, prohibiendo por completo los dispositivos en el nivel primario, incluso durante los recreos.

• Corrientes: Permite el uso únicamente en recreos, horas libres, entrada y salida, debiendo estar apagados durante las clases.

• Mendoza y Catamarca: Limitan su uso en todos los niveles obligatorios exclusivamente a actividades pedagógicas planificadas por el docente.

La voz de las escuelas: El desafío en provincias sin legislación, como Entre Ríos, se vuelve el doble de complejo para los docentes. El informe destaca que el 62% de los directivos y el 52% de los docentes de primaria en el país manifiestan la urgencia de recibir mayor formación para implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de manera efectiva en los procesos de enseñanza.

Las conclusiones del informe dejan en claro que la mera prohibición por decreto no es una solución mágica. El verdadero reto, tanto para Entre Ríos como para el resto del país, radica en generar políticas públicas que fomenten un uso responsable y acorten la brecha digital, extendiendo además la responsabilidad hacia los hogares para que los adultos revisen sus propios patrones de consumo tecnológico frente a los menores.

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